¿Las urnas o las calles?

Crónica de un dilema permanente

 

*Elio De Antoni 

El 15 de octubre Venezuela celebrará elecciones regionales para consagrar gobernadores en sus 23 estados federales. Más de 19 millones de ciudadanos están habilitados para votar a los más de 50 partidos políticos inscriptos, la mayoría de ellos nucleados en el oficialista “Gran Polo Patriótico Simón Bolívar” y la opositora “Mesa de la Unidad Democrática”. Esta afirmación hubiera sido impensada dos meses atrás, cuando los venezolanos se encontraban atrapados en un espiral de violencia política que concentró la atención de todos los portales internacionales durante un largo tiempo.

Todo comenzó cuando la oposición denunció un quiebre del orden constitucional y convocó a rechazar en las calles un supuesto golpe de Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El disparador del conflicto fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asignarse la potestad para ejercer funciones del poder legislativo, que está bajo control del arco opositor desde las elecciones de diciembre de 2015.

La controversia se dio en torno a la configuración del parlamento luego de aquel resultado electoral. Cuando la coalición opositora se aprestaba a asumir las 112 bancas que había obtenido con el 56% de los votos, el Tribunal Supremo de Justicia hizo lugar a una denuncia por fraude presentada por el oficialismo e inhabilitó la asunción de tres diputados de la MUD y uno de la coalición gobernante en el Estado de Amazonas. De esta manera, la oposición no alcanzaba la mayoría calificada en el Parlamento, lo cual le permitía reestructurar el estratégico Tribunal Supremo o convocar a un referéndum revocatorio para remover al presidente Maduro -objetivo máximo de los detractores de la revolución bolivariana-. La oposición decidió ignorar la sentencia y dar jura igual a estos tres diputados, ante lo cual el máximo Tribunal respondió declarando a la Asamblea Nacional en “desacato”, y anuló así el control político de la gestión.

Esto último afectó funciones gubernamentales importantes como la formación de empresas mixtas (del Estado con el sector privado) para operar en el sector petrolero, dado que necesita la aprobación del parlamento. Llegamos entonces al nudo problemático de la cuestión: la sentencia del Tribunal Supremo es una respuesta al recurso de interpretación que presentó una filial de PDVSA (principal empresa estatal petrolera) para poder asociarse al capital extranjero. No hace faltar recordar que Venezuela atraviesa una profunda crisis económica -que comprende incluso el desabastecimiento de recursos básicos para la población- y la explotación del petróleo es el recurso fundamental que tiene el Estado para sostener su primarizada economía.

Más de un centenar de muertos y casi dos mil heridos dejaron como saldo trágico las acciones de protesta durante cuatro meses. La prensa internacional mostró un país sumido en el caos absoluto, con una violencia incontenible desbordando las calles venezolanas a lo largo y ancho del territorio nacional. A través de las imágenes televisivas veíamos jóvenes rebeldes, urgidos por el hambre y la falta de libertad, enfrentándose a las represivas fuerzas de seguridad que les disparaba a mansalva para mantener al régimen dictatorial de Maduro.

Si nos tomamos el trabajo de detenernos en esas imágenes, vamos a ver que el escenario de protesta era siempre el mismo: el este de la ciudad capital de Caracas. Allí viven los sectores medios y medios-altos de la sociedad venezolana, donde abundan los jóvenes universitarios hijos de profesionales, mientras que en el oeste se encuentran las barriadas populares que han sido históricamente relegadas. Curiosamente, ninguna de las caóticas escenas captadas por las grandes cadenas de comunicación transcurrían aquí, donde la mayor parte de la población vivía una cotidianeidad que nada tiene que ver con lo que mostraba la TV.

Esta simple observación sociológica no basta para afirmar que sólo los sectores acomodados se movilizaban contra el gobierno, pero si para indicar una clave de lectura. Hay que complejizar aquella realidad que los medios presentan como una batalla entre buenos y malos, sin caer en reduccionismos similares.

El panorama que instala el establishment mediático internacional es sesgado e incompleto, y nos impide comprender por qué el gobierno de Maduro sobrevive a pesar de la crisis humanitaria, económica, institucional, política y social que realmente vive Venezuela. Como bien señalaba Gramsci, un régimen político no se puede sostener en el tiempo apoyándose solo en la coerción, necesita también del consenso. Y por más campaña que haga la oposición dentro y fuera del país, es difícil convencer a los 31 millones de venezolanos que viven en una dictadura, cuando tienen un presidente electo por el 50,61% de los votos en abril del 2013, con una coalición gobernante que meses antes se había impuesto en 20 de los 23 estados venezolanos, y que a lo largo de sus 18 años de gobierno se sometió a 21 elecciones y triunfó en 19 de ellas[i].

Breve reseña histórica de la revolución bolivariana

La incomprensión del chavismo como fenómeno político es una gran barrera para analizar la actualidad política venezolana. Como señala Baraibar, “la incorporación social de millones de compatriotas y la democratización -es decir, el reparto en las capas más humildes de la sociedad- de la renta petrolera, a través de lo que llamó las “misiones”, más obras de infraestructura, vivienda y transporte, le dio al chavismo una imbatible base social, que guarda en su memoria histórica la marginación, la pobreza y la ignorancia en que los partidos de la vieja Cuarta República la condenaron”[ii]. Demás está decir que aquellos viejos partidos pululan hoy en la oposición.

Pero como todo proceso revolucionario, también tiene sus detractores. Estas reformas estructurales que implementó Chávez afectaron sensiblemente los intereses estadounidenses, especialmente los vinculados al sector industrial petrolero. La nacionalización de PDVSA -empresa que posee las mayores reservas petrolíferas del mundo-  se realizó mediante la reforma constitucional de 1999 que le otorgó el monopolio exclusivo de la explotación de los hidrocarburos y prohibió la venta de acciones al sector privado. Dicha Constitución se ratificó en un referéndum con el 71% de apoyo popular.

Desde entonces, el gobierno norteamericano ensayó diferentes vías para debilitar la revolución bolivariana. El fallido golpe de Estado de 2002 dejó en evidencia la coordinación entre sectores empresariales, mediáticos, partidarios, pero también de la diplomacia estadounidense y europea. La asunción ilegitima de Pedro Carmona como presidente (titular de Fedecámaras, principal organización empresarial venezolana) se dio en un escenario de incertidumbre y confusión generado por estos sectores, que al cabo de varios días de huelga general y protestas sociales, montaron una operación para instalar una supuesta renuncia del presidente Chávez -quien se encontraba detenido y secuestrado-. Al día siguiente las cancillerías de Estados Unidos y España emitieron un comunicado conjunto donde afirmaban que ambos gobiernos “expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales”[iii]. Si bien no reconocían formalmente al gobierno de facto, la ambigüedad del comunicado pretendía abonar claramente al estado de confusión que reinaba en el país[iv].

Finalmente la condena de los gobiernos de la región y las masivas movilizaciones populares en apoyo del presidente Chávez fueron determinantes para moderar las acciones de la diplomacia internacional opositora y desbaratar el golpe.

Como vemos, el reciente proceso insurreccional que acaparó la atención de la comunidad internacional no es tan novedoso. Las acciones desestabilizadoras –que incluyen boicot económico, financiero, comercial y humanitario- siempre se toparon con los mismos límites: el apoyo popular que todavía conserva el gobierno y la férrea unidad de concepción y acción que caracteriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Las elecciones constituyentes del 30 de julio volvieron a confirmar ese derrotero. A pesar de la intensa campaña que llevó a cabo la oposición para impedirlas -nuevamente con el apoyo diplomático de las potencias centrales y gran parte de los países suramericanos- más de ocho millones de venezolanos concurrieron a sufragar ese domingo. El alto nivel de participación electoral y la firmeza del gobierno para aplicar el mandato constituyente dejó poco margen de maniobra a los opositores para usar su última carta -el boicot internacional- que duró apenas unas semanas después de los comicios. Y así, luego de cuatro largos meses de agitación, la paz volvió a reinar en Venezuela, como lo anhelaba la mayoría de la población, que encontró en las elecciones constituyentes la posibilidad de terminar con el clima de violencia social.

El dilema permanente que tiene la oposición a la hora de enfrentar al chavismo –las urnas o las calles – parece marcar el pulso de la vida política venezolana. Y todo indica que los resultados de las próximas elecciones van a ser determinantes para su comportamiento democrático o insurrecional.

*Elio De Antoni (Politólogo-UBA). Maestrando en Defensa Nacional (UNDEF)

 

[i] El plebiscito organizado por la oposición en julio último queda fuera del racconto. No solamente se realizó por fuera de los márgenes que prevé la Constitución vigente (Constitución Bolivariana, 1999), sino que las actas electorales fueron quemadas por los mismos organizadores luego del comicio.

[ii] Fernández Baraibar, J. (2017, 3 de Agosto). Y el laberinto tenía una salida por arriba [En línea] Disponible en: https://fernandezbaraibar.blogspot.com.ar/2017/08/y-el-laberinto-tenia-una-salida-por.html

[iii] Declaración conjunta de Estados Unidos y el Reino de España sobre la situación en Venezuela, 12 abril de 2002. (En línea). Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/venezuela/doc/usaesp.html.

[iv] En 2004 el ex Ministro de Asuntos Exteriores de España, Moratinos, presentó pruebas documentales acerca del apoyo brindado por el gobierno de José María Aznar al golpe de Estado de 2002 (El país, 2 de diciembre de 2004).