El MERCOSUR hoy, 25 años después

*Mariana Vazquez

¿Qué MERCOSUR encuentra el cambio de gobierno en EEUU, que tanta incertidumbre y reflexiones está promoviendo alrededor del mundo?

El MERCOSUR fue concebido en la década del 90, en términos generales, como un cerrojo jurídico-institucional regional de las reformas estructurales inventariadas en el Consenso de Washington que, con las particularidades de cada caso, se impusieron a la región en aquella década. Ésa fue nuestra pesada herencia: en términos de integración económica y de una institucionalidad y una estructura jurídica funcionales a aquel proyecto.

Entre 2003 y 2013 el bloque dejó de ser concebido como una mera plataforma comercial para devenir un espacio de concertación política en la búsqueda de mayores márgenes de autonomía para la promoción de las propias políticas de desarrollo, así como un instrumento para el fortalecimiento de las democracias y la ampliación de derechos, buscándose establecer un piso regional en principio irreversible. En este marco, también, la participación social cobró mayor relevancia, dado que el bloque incorporó nuevas agendas de política pública e interpeló a nuevos sujetos sociales excluidos hasta entonces. En esa década se creó también una nueva institucionalidad acorde. Sólo a modo de ejemplo, vale mencionar al Parlamento del MERCOSUR o al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, promoviendo articulaciones políticas que buscaron re-inventar principios de solidaridad y acción colectiva a nivel regional.

Se trató de un proceso no lineal, con las contradicciones y tensiones propias de todo proceso de cambio, pero con rasgos bien definidos. Hubo un sustrato, una lógica común, en la cual la profundización de la democracia en todas sus dimensiones fue uno de los pilares fundamentales del proyecto de integración, buscándose la inclusión desde las políticas públicas y desde la participación en diversos ámbitos institucionales.

La otra cara de esta etapa tiene que ver con que, si bien resistimos la tentación imperial del ALCA y los tratados de libre comercio, no logramos configurar un proyecto económico alternativo de integración, incluso en el supuesto, que considero falso, de que ése hubiera sido un objetivo de todos los Estados partes durante toda la década. Una propuesta de integración de un proyecto democrático, popular y latinoamericano no puede dejar de reflexionar sobre esto.

Las dinámicas de restauración se vieron fortalecidas por el golpe de Estado en Paraguay. Esto llevó a una paradoja debido a que la suspensión de Paraguay tuvo lugar, simultáneamente, con la entrada como Estado parte de Venezuela, que a priori llevaría a un mayor equilibrio de poder por tratarse de una economía de tamaño medio, conceptual y políticamente más cercana a Argentina en el proyecto de integración. Pero ambos movimientos: la suspensión de Paraguay, por un lado, y las dificultades objetivas que toda ampliación conlleva, trajeron aparejadas dificultades específicas que es preciso analizar. Esto se enmarcó, asimismo, en un contexto de una economía mundial en crisis, que generaba incentivos para salidas individuales, por una parte y, por otro parte, al cambio de gobierno en Brasil (de Lula a Dilma), a partir del cual este país dio una prioridad menor al proyecto de integración sudamericano. La ausencia de una matriz de intereses comunes en el plano económico-comercial adquirió en esta etapa un peso mayor y condicionó en mayor medida, si bien lo hizo siempre, las otras agendas.

En 2015 tuvimos dos acontecimientos que consolidaron el proceso restaurador, en la dimensión económica de la integración. En primer lugar, la llegada al poder de Tabaré Vazquez en Uruguay, con un compromiso con el libre comercio ya sin disimulos. Y, en segundo lugar, la llegada de Macri en Argentina. Esta constelación nos llevó al Consenso de Asunción, casi absoluto, que se visibilizó en la Cumbre que tuvo lugar en esa ciudad en diciembre de aquel año, la primera del presidente argentino. Ese consenso se convirtió en total a partir del golpe en Brasil, con la única excepción de Venezuela, y aquí está una de las puntas del ovillo que nos lleva a la reciente suspensión de este país. El acuerdo implica una degradación del proceso de integración hacia una zona de libre comercio en donde a su vez todos los Estados partes puedan celebrar acuerdos de libre comercio con terceros países o bloques sin el acuerdo de los socios.

El año 2016 tuvo dos momentos diferenciados, correspondientes a las presidencias pro tempore uruguaya y venezolana, respectivamente. La presidencia uruguaya (PPTU), a su vez, estuvo representada por dos proyectos, manteniendo uno de ellos la hegemonía sobre el otro. Por un lado, el proyecto hegemónico impulsado por la Cancillería y el Ministerio de Economía, de priorización de las agendas comercial (de libre comercio, vale aclarar) y de relacionamiento externo (en el mismo sentido). Y, por otro lado, las iniciativas de los otros ministerios que, en mayor o menor medida, buscaron mantener la agenda social y ciudadana con una relativamente nutrida agenda de reuniones. Uruguay presentó durante su presidencia un proyecto de norma para “flexibilizar” el MERCOSUR en el sentido que señalábamos antes, un proyecto que, de haberse concretado, implicaba abandonar incluso acuerdos de la década de los 90, como la conformación de una Unión Aduanera o una política comercial común. Este proyecto tuvo la oposición explícita de Venezuela y del Brasil de Dilma Roussef.

Los acuerdos alcanzados en las 288 reuniones que tuvieron lugar durante la PPTU, incluidas las dimensiones social y ciudadana, no pudieron plasmarse en líneas de acción porque el cierre de la presidencia fue bloqueado por Paraguay, en su sabotaje al inicio de la presidencia pro tempore venezolana.

No tengo tiempo para presentar los diversos pasos que llevaron a la suspensión de Venezuela del MERCOSUR, concretada ilegalmente, ni tampoco para fundamentar acabadamente esta posición. Pero baste por el momento con señalar que la misma es contraria al derecho del MERCOSUR, lo cual es de una gravedad inédita en los 25 años de historia del bloque y nos coloca en un lugar que se ha reiterado tristemente en nuestra historia política: la búsqueda de imponer un proyecto económico y político, a través del total desprecio del Estado de derecho. Durante el segundo semestre de 2016, se ha quitado a Venezuela “de facto” el derecho al ejercicio de la presidencia pro tempore, lo cual implica a su vez su no reconocimiento como Estado parte del MERCOSUR. Y luego, con una fundamentación que no tiene validez jurídica, basada en el cumplimiento parcial de su compromiso de internalización de las normas del bloque, se la ha suspendido del mismo. Sólo a modo de ejemplo, vale destacar el doble estándar implícito en el maquillaje jurídico de dicha suspensión. Entre 1991 y 2011 (veinte años), 304 acuerdos fueron tramitados simultáneamente para su incorporación en los cuatro legislativos nacionales. En 2011, sólo habían sido internalizados por al menos un Estado 82 de ellos, es decir el 27%. Venezuela ha incorporado en cuatro años el 90% de la normativa derivada vigente al momento de su incorporación como Estado parte.

Y llegamos a la presidencia pro tempore argentina. Veamos una comparación entre la presidencia pro tempore argentina del año 2014. En ella se realizaron 250 reuniones 6 de ellas (2,4%) estuvieron dedicadas a cuestiones comerciales y de relacionamiento externo (temas intra-MERCOSUR y negociaciones comerciales con países extra zona y agrupaciones económicas en las cuales Argentina buscó relacionarse con las regiones más dinámicas del mundo, en una economía global en crisis y con los mercados tradicionales deprimidos. El resto de las reuniones estuvieron dedicadas a las dimensiones social y ciudadana de la integración, es decir, la concertación política y la búsqueda del establecimiento de un piso regional de derechos.

En 2017, la actual presidencia, tenemos un cambio cuantitativo y cualitativo. El gobierno argentino propone la realización de 51 reuniones al momento – 14 de ellas (28%) dedicadas a cuestiones comerciales y relacionamiento externo. Hay un vaciamiento de la agenda política social y ciudadana y una jerarquización de la agenda comercial, en el marco de un enfoque alineado con la degradación que planteamos antes.

Ésa es la tendencia, si bien es difícil evaluar aún cuál será la intensidad del desmantelamiento de lo conquistado, dadas las inercias institucionales y las resistencias que se dan en los niveles nacional y regional.

El MERCOSUR concebido en el marco del nuevo Consenso de Asunción, gestado antes de que Trump resultara vencedor, un MERCOSUR alineado con el libre comercio y que realiza un golpe institucional suspendiendo a Venezuela en connivencia con la política de EEUU, no ha cambiado luego de aquella elección. La política de EEUU con respecto a aquel país, tampoco.

Por Mariana Vazquez, profesora de la UBA y ex coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur.